El gobierno de Perú tomaría una decisión sobre brindarle o no el salvoconducto a la expresidenta del Consejo de Ministros, Betssy Chávez, a través de un comunicado dejó en claro que todo será en espera. Por lo que, por el momento, no podrá viajar a México, país que le otorgó asilo diplomático. La excongresista permanecerá en la embajada de país extranjero en Lima.

Las autoridades peruanas concluyeron que la aplicación de la Convención de Caracas de 1954 —adoptada en el marco de la Organización de Estados Americanos (OEA)— ha experimentado una evolución negativa en su práctica internacional. “Se ha constatado, en distintos casos… que en los últimos años se ha hecho un uso indebido de esta norma, calificando a delitos comunes como casos de persecución política”, señalan.

Para el Gobierno peruano, esta práctica desnaturaliza el objetivo original de la Convención, concebida para brindar protección a nacionales perseguidos políticamente dentro del Sistema Interamericano, y no para facilitar que quienes han cometido delitos eludan la justicia nacional. Así lo expresa el comunicado: “En ningún caso debe utilizarse para eludir la aplicación de las leyes nacionales para que personas que han delinquido puedan liberarse de las decisiones judiciales”.