La obligatoriedad del uso del chaleco con el número de placa para motociclistas en Lima y Callao, así como otras disposiciones, aún sigue vigente, pero podría tener los días contados si prospera una reciente acción presentada ante el Poder Judicial. La Asociación Hermanos Motociclistas Unidos del Perú, respaldada por otros colectivos, presentó una demanda de acción popular que busca anular la norma impuesta por el Ejecutivo mediante el Decreto Supremo 006-2025-MTC. El recurso legal ya fue admitido por la Corte Superior de Justicia de Lima y plantea que las exigencias actuales vulneran derechos constitucionales.
Mientras tanto, las disposiciones siguen aplicándose y los agentes de tránsito mantienen la fiscalización. Sin embargo, la acción judicial abre un camino para que un juez evalúe si estas medidas pueden considerarse inconstitucionales y, por lo tanto, quedar sin efecto en Lima Metropolitana y Callao. El caso está en curso y genera una creciente expectativa entre miles de motociclistas, quienes aseguran sentirse criminalizados por esta norma.
Luis Huamán, uno de los principales voceros del colectivo, fue enfático al explicar los motivos detrás de la demanda. “Ya puesta en vigencia esta normativa, el día (viernes) 23 hemos presentado nosotros ya la acción popular, que es una acción legal en las cuales estamos denunciando a la presidenta, a los ministros del Interior y de Transportes”, sostuvo a Canal N. Según Huamán, el uso obligatorio del chaleco con la placa impresa en la espalda no solo resulta incómodo, sino que afecta su dignidad.
Para el gremio de motociclistas, este tipo de regulaciones son una forma de discriminación. “Ahora somos más vulnerables. Ya está sucediendo lo que habíamos comentado antes de esta normativa que entra en vigencia: está sucediendo y no hay que permitir que siga sucediendo más y que más ciudadanos inocentes sean catalogados como delincuentes”, declaró Huamán.
El argumento central gira en torno a que esta medida no distingue entre ciudadanos de bien y personas que usan la motocicleta para delinquir, estigmatizando a todo un sector de trabajadores y usuarios que se desplazan en estos vehículos de dos ruedas por necesidad.