El congresista Segundo Quiroz Barboza del Bloque Magisterial de Concertación Nacional, ha presentado el proyecto de ley 11730 para volver a obligar a las empresas privadas, que cuenten con más de 100 trabajadores, incorporen un profesional titulado en Trabajo Social. De acuerdo con el documento, de esta forma se espera fortalecer el clima organizacional, la atención psicosocial y la gestión de riesgos laborales, además de “condiciones adecuadas para la salud integral”. También figuran como coautores sus compañeros de grupo parlamentario, Germán Tacuri Valdivia, Elizabeth Medina, Paul Gutiérrez Ticona, Alex Paredes y Jhakeline Ugarte.

En el caso de que la compañía tenga más de una sede o centro de trabajo, se tendrá que garantizar la cobertura y asistencia efectiva a los empleados de cada establecimiento. La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) tendrá que supervisar, fiscaliza y sanciona el incumplimiento de las obligaciones establecidas.

La normativa, de aprobarse, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), deberá reglamentar la ley en un plazo máximo de 60 días calendarios, que se cuentan desde que entra en vigor. El profesional deberá estar colegiado y habilitado. Su labor será la de implementar acciones preventivas, programas de intervención social, diagnósticos situacionales y atención individual o colectiva al personal.

El incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4 constituirá una infracción administrativa grave, conforma la normativa sobre inspecciones laborales y seguridad y salud en el trabajo. Por otro lado, se deja sin efecto el Decreto Supremo N.º 005-2025-TR, que derogó el Decreto Supremo N.º 009-65.

Según el autor del documento, Segundo Quiroz, el proyecto se fundamenta en el principio constitucional de bienestar general y el derecho a la salud, consagrados en la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y en la Constitución Política del Perú. En ese sentido, subraya la necesidad de garantizar a los trabajadores un entorno digno y humanizado, abordando los artículos legales que respaldan el acceso a condiciones laborales justas y seguras.

La iniciativa responde a la presunta urgencia por restituir el rol profesional del Trabajo Social en los espacios laborales, luego de su exclusión con el Decreto Supremo N.º 005-2025-TR. Esta situación generó un vacío en el marco preventivo que protegía a los empleados, al eliminar el acompañamiento especializado en salud ocupacional y en apoyo integral dentro de las empresas, indica el legislador.