Han transcurrido más de tres décadas desde uno de los tantos hechos del conflicto armado interno en la región Junín. Transcurría el año  1992 cuando un grupo de diez comuneros de la comunidad campesina de Paccha, en el distrito de El Tambo, en Huancayo, fue detenido y ejecutado extrajudicialmente. Esta semana, ocho de esas víctimas fueron identificadas científicamente por el Ministerio Público, dando un paso crucial en el largo proceso de verdad y reparación para sus familias.

Los restos de los comuneros fueron hallados en un entierro clandestino ubicado en Pachachime, un paraje alto del anexo de Siusa, en el distrito de Ingenio, provincia de Huancayo. Las labores de identificación estuvieron a cargo del Equipo Forense Especializado (EFE) del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en coordinación con la Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad de Junín y la Unidad de Biología Molecular y Genética (UNBIMOG).

La identificación no es un simple hecho forense, representa un acto simbólico de justicia para las familias de las víctimas, quienes participaron este sábado 17 de mayo en un acto de identificación visual y simbólica en el distrito de Hualhuas. Allí, los deudos pudieron confirmar la identidad de sus seres queridos luego de décadas de espera.

De acuerdo con testimonios recogidos durante las investigaciones fiscales, en 1992 un grupo de ronderos, con respaldo del Ejército peruano, irrumpió en la comunidad campesina de Paccha. En esa intervención, diez varones —entre ellos tres menores de edad— fueron detenidos sin orden judicial. Posteriormente, fueron trasladados a una falla geológica en las alturas del distrito de Ingenio, donde fueron ejecutados de manera extrajudicial.

Los cuerpos de las víctimas permanecieron ocultos durante más de 30 años, hasta que, en 2017, una operación coordinada entre entidades del Estado permitió localizar restos humanos en el lugar. En total, se recuperaron 14 cuerpos, correspondientes a dos expedientes distintos: Caso Paccha I (10 víctimas) y Caso Paccha II – Siusa (4 víctimas)

Uno de los motores clave para la reactivación del caso fue Dennis Zanabria Ubaldo, hermano de uno de los menores desaparecidos. “Me hubiera gustado que se identifiquen a nuestros diez comuneros. Solo se ha podido con ocho. Siento un vacío”, declaró al medio Huanca York Times. Su perseverancia logró que el fiscal Grover Orellana, de la Fiscalía Penal Supraprovincial, retomara el expediente tras años de paralización judicial.

Gracias a este impulso, se sumaron organismos como la Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas del Ministerio de Justicia y el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), que brindaron acompañamiento técnico y humanitario a las familias durante todo el proceso.

La tarea de identificación fue posible gracias a avances en genética forense y al cruce de datos entre restos óseos y perfiles de ADN de familiares. “La identificación científica culminó recientemente con la confirmación de ocho víctimas”, señalaron voceros de la Unidad de Biología Molecular y Genética (UNBIMOG). El procedimiento incluyó análisis genéticos avanzados, validación documental y cotejos familiares. La confirmación oficial fue entregada a las familias en una ceremonia privada y respetuosa en Hualhuas, donde se desarrolló el acto de reconocimiento visual.

Aunque este avance representa un hito, el proceso judicial y humanitario no ha concluido. Aún faltan identificar dos víctimas del total de diez detenidos en 1992. Según Dennis Zanabria, su lucha continúa: “Quiero hallar a mi hermano. Si no está entre los ocho, continuaré esta lucha”. Además, las autoridades han indicado que en un plazo estimado de dos meses se realizará la entrega formal de los restos a los familiares para que puedan darles una sepultura digna, acorde con sus creencias y tradiciones.

El Ministerio Público ha reiterado su compromiso con las investigaciones y con el objetivo de determinar las responsabilidades penales que aún están pendientes. El caso Paccha, dividido en dos carpetas fiscales, sigue en curso bajo la jurisdicción de la Fiscalía Supraprovincial de Derechos Humanos en Junín.